La definición del salario mínimo para 2026 vuelve a ubicarse en el centro del debate económico nacional, luego de que empresarios y centrales obreras no lograran un acuerdo durante la fase de concertación. La amplia distancia entre las propuestas presentadas por ambas partes obligó a trasladar la decisión al Gobierno Nacional, que deberá fijar un nuevo plazo de diálogo o establecer el incremento mediante decreto presidencial.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que la determinación final podría conocerse en los últimos días de diciembre de 2025, como ha ocurrido en procesos anteriores cuando no se alcanza un consenso tripartito. Mientras tanto, distintos sectores económicos analizan los impactos reales que han tenido los incrementos recientes del salario mínimo en el país.
Uno de los principales focos de atención está en la relación entre el salario mínimo y la inflación, un vínculo que, según analistas y entidades financieras, se ha intensificado en los últimos años. El informe conocido advierte que aumentos considerados desproporcionados podrían contribuir a presiones inflacionarias persistentes durante 2026.
De acuerdo con el análisis, la indexación de precios es uno de los principales canales de transmisión. Muchos bienes y servicios en Colombia ajustan sus tarifas con base en el salario mínimo, lo que dificulta que la inflación se mantenga dentro del rango meta del Banco de la República, establecido entre 2 % y 4 %. De mantenerse esta tendencia, el país podría completar seis años consecutivos sin cumplir dicho objetivo.
El documento destaca que, históricamente, los incrementos salariales deberían responder a la suma de la inflación y la productividad. No obstante, en los últimos ejercicios esta relación se ha roto. En 2023, por ejemplo, el Índice de Precios al Consumidor cerró en 9,28 % y la productividad en 1,22 %, mientras que el salario mínimo aumentó 16 %, superando ampliamente el ajuste teórico.
Para 2024 y 2025, aunque la inflación mostró una reducción 5,20 % en 2024, el impacto acumulado de dos incrementos elevados habría introducido rigideces en rubros como transporte, vivienda y servicios, dificultando una reducción más acelerada del costo de vida.
Otro de los puntos críticos señalados en el informe es la informalidad laboral, que continúa representando cerca del 55 % del empleo en Colombia. En este segmento, la proporción de trabajadores que recibe menos de un salario mínimo pasó del 73 % en 2015 al 78 % en 2025, lo que evidencia un deterioro en las condiciones de ingreso del mercado informal.
En contraste, el mercado formal muestra una leve mejora. La proporción de personas que ganan menos de un salario mínimo se redujo del 17 % al 15 % en el mismo periodo, lo que sugiere que los efectos del aumento no son homogéneos entre los distintos segmentos laborales.
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