El decreto que fijó un aumento del 23,7% al salario mínimo fue llevado ante el Consejo de Estado. Expertos explican qué escenarios legales se abren y si los sueldos podrían cambiar.
Redacción El Qhubo/ Periodista Jhisús Chacín
El salario mínimo 2026 entró oficialmente en el terreno judicial luego de que se interpusiera la primera demanda contra el decreto expedido por el Gobierno nacional que fijó el aumento del 23,7%. La acción reavivó un debate jurídico con antecedentes claros en Colombia y puso sobre la mesa las posibles consecuencias para millones de trabajadores y empleadores.
La controversia se originó por la decisión del Ejecutivo de establecer el incremento por decreto, tras no lograrse un acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Aunque esta facultad está prevista en la ley, distintos sectores han cuestionado si la decisión cumplió con los criterios técnicos exigidos por la normativa vigente.
El antecedente más citado es el ocurrido con el salario mínimo de 2016, cuando el Consejo de Estado anuló el decreto que fijó un aumento del 7%. En ese caso, el alto tribunal concluyó que el Gobierno no justificó de manera suficiente el porcentaje adoptado, especialmente frente a variables como inflación, productividad, crecimiento económico y poder adquisitivo, tal como lo exige la Ley 278 de 1996.
Pese a esa nulidad, los pagos realizados durante 2016 no fueron modificados, ya que la sentencia tuvo efectos hacia el futuro. Ese precedente es clave para entender el escenario actual, según coinciden juristas y economistas consultados, pues marca los límites reales de una eventual decisión judicial.
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Tras el anuncio del incremento para 2026, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo hizo un llamado público a acudir a la vía judicial. Consideró que la medida debía ser revisada por su impacto macroeconómico y social, e insistió en la necesidad de decisiones sustentadas con criterios técnicos sólidos.
La primera demanda fue presentada por el politólogo Josías Fiesco, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, quien solicitó la nulidad del acto administrativo ante el Consejo de Estado. Con ello, se activó formalmente el análisis jurídico sobre la legalidad del decreto.
Si desde 2022 se había alcanzado el mínimo vital cómo lo demuestra este trabajo de @consumiendo , no cabe la justificación para el aumento del 23% para “supuestamente alcanzar el mínimo vital” . Conclusión hay un soporte técnico inadecuado, erróneo o no suficiente para este… https://t.co/Bqu1bsKrdB
— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) December 30, 2025
El abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explicó que el decreto que fija el salario mínimo es un acto administrativo plenamente demandable. Recordó que en el caso de 2016 el Consejo de Estado no solo aceptó la demanda, sino que evaluó las variables económicas utilizadas por el Gobierno.
Según Bernate, si la demanda prospera, el escenario es binario, el decreto se mantiene o se anula en su totalidad. En caso de nulidad, el Ejecutivo tendría que expedir un nuevo decreto ajustado a los parámetros legales. El alto tribunal, precisó, no puede modificar el porcentaje, solo validar o invalidar el acto.
