Presidente de Ecuador firma 'muerte cruzada' y disuelve Congreso


El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firma 'muerte cruzada' y disuelve el Congreso en medio de juicio político en su contra.

Luego de la primera jornada del juicio político en el que se decidiría la remoción de su cargo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó este miércoles, 17 de mayo, la 'muerte cruzada', mecanismo con el que tiene la potestad de disolver el Congreso.

El mandatario, que enfrenta un juicio político por un presunto peculado, ordenó “disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna”, señala el documento difundido por la Presidencia.

Durante el juicio político que se inició el martes, el impopular mandatario proclamó su “total, evidente e incuestionable” inocencia ante el Congreso, en el que la mayoría opositora de izquierda pretende destituirlo por presunta corrupción.

Con la asistencia de 109 de sus 137 miembros, la unicameral Asamblea Nacional instaló el juicio político contra el mandatario, en el que los congresistas presentaron argumentos en su contra.

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Tras doce horas, la sesión la suspendió el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela. Aunque se suponía que la discusión sería reanudada hacia las 9:30 de la mañana de este miércoles, la decisión de Lasso da un vuelco al futuro del juicio en su contra.

“No hay pruebas ni testimonios relevantes. Más bien lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia”, se defendió el mandatario en una intervención de una hora en el hemiciclo de Quito, capital ecuatoriana.

Justo después de defenderse y sin esperar el turno para la contrarréplica, el jefe de Estado se retiró del Parlamento, que abrió el debate entre sus miembros.

En un contexto de aumento de la violencia ligada al narcotráfico y de descontento popular por el costo de vida, el Congreso opositor veía en este juicio la posibilidad de dar fin al Gobierno de derecha y, así, tener una oportunidad para recuperar fuerzas de la mano de su líder: el exmandatario Rafael Correa (2007-2017).

Prófugo de la justicia ecuatoriana que lo condenó a ocho años de cárcel y asilado en Bélgica, Correa no tardó en pronunciarse desde su cuenta de Twitter (@MashiRafael): “Un presidente inepto, codicioso, innoble y deshonesto (...) Eres un verdadero fraude democrático y moral”.

“Castillo de naipes”

En el poder desde mayo de 2021, al gobernante lo acusaron de un supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

Según el correísmo, con 49 escaños, el presidente decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.

El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares. El mandatario, que no ha sido procesado por el presunto peculado en la justicia, aseguró que en 2022 pidió a la Fiscalía que investigue el caso.

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“Lamento mucho que del frágil castillo de naipes que construyeron durante cinco meses, no les quedó más que conformarse con la carta más débil”, aseveró el presidente de 67 años, antes de dejar la Asamblea aupado por sus simpatizantes.

Durante varias horas, centenas de personas se concentraron de manera pacífica en los alrededores del Parlamento, acordonado por policías.

Los seguidores del gobernante ondearon banderas de Ecuador, lanzaron gritos contra los asambleístas y portaron carteles con consignas como “¡Viva la democracia!” y “Defendemos la democracia y la paz”.

Un pequeño grupo de opositores también protestó con pancartas como “El pueblo no aguanta más, fuera Lasso”.

El proceso despierta los fantasmas de la inestabilidad política que vivió Ecuador entre 1997 y 2005, cuando tres gobernantes que surgieron de las urnas los derrocaron.

Esta es la segunda vez que el exbanquero queda entre la espada y la pared. En junio pasado el Parlamento intentó mediante votación directa destituirlo en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida.

Al Congreso, en esa ocasión, le faltaron 12 votos para concretar la remoción por una grave crisis política y conmoción interna.

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