Según el gobierno, el fraude se cometió simulando que Shakira no residía en España y ocultando su renta mediante un entramado societario con sede en paraísos fiscales, entre 2012 y 2014.
Tras tres años de investigación, el juzgado de instrucción número 2 de Barcelona ha concluido que existen “indicios suficientes” para enviar a juicio a la cantante por el impago a Hacienda de 14,5 millones de euros.
Si no lo remedia un acuerdo de última hora, Shakira deberá responder por seis delitos fiscales, lo que podría llevarla a la cárcel.
Siendo así, el juez manifestó que hay "indicios suficientes de criminalidad" para continuar con el procedimiento contra ella y que el caso se dirima en el juicio.
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