Autoridades condenaron a dos funcionarias de la Policía Nacional que habrían pedido dinero a familiar de otro uniformado para no provocar su retiro de la institución.
8 años de cárcel deberán pagar la intendente Luzaida Sierra Rivera y la patrullera Karen Elisa Borja Rojas de la Policía por el delito de concusión en concurso heterogéneo con amenazas a testigo.
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Además de la privación de libertad, las mujeres tienen una multa 66.66 salarios mínimos legales y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 6 años y medio.
Los hechos se presentaron en el 2013. Las denuncias las interpuso la esposa de un patrullero el cual fue reubicado en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la Estación de San Francisco, en la capital vallecaucana, a raíz de la enfermedad de narcolepsia que le fue diagnosticada en 2010.
"De esta forma, la intendente Sierra y la patrullera Borja se quejaron por la condición del uniformado; comenzaron a hacerle exigencias económicas a ella para que su esposo no fuese retirado de la institución policial. Esto tras decirle que se encontraba inhabilitado y era incapaz de cumplir las funciones propias de su cargo por la enfermedad", informaron las autoridades.
Otras pruebas
Además de estas amenazas, las hoy condenadas se aprovecharon de que la hija del patrullero manifestó su deseo de pertenecer a la Institución para ofrecerle un curso de inducción, con el valor de $90.000 mensuales.
Con la justificación de la supuesta enseñanza las implicadas habrían incrementado las exigencias pidiendo pasajes aéreos, vales de gasolina para sus vehículos, financiación de fiestas y regalos.
No contentas con esto; el material probatorio arrojó que la intendente se apoderó de la tarjeta de la esposa del patrullero, con la que hizo dos retiros. El 29 de julio de 2013 por $400.000 y el segundo, el 4 de agosto de 2013 por $200.000.
En un juicio realizado en el 2017, las mujeres habían sido implicadas. Sin embargo, al proferir la sentencia, el juez de conocimiento las absolvió de esta última conducta.
La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.
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— Q'hubo Cali (@QhuboCali) September 3, 2021
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