Expertos de la ONU, han solicitado a Colombia dejar la utilización indebida de medidas antiterroristas y la imputación de delitos como terrorismo, contra las personas que participan en protestas contra las políticas del gobierno.
Personal de la ONU instaron a las autoridades a garantizar que los delitos imputados se ajusten al derecho internacional humanitario, puesto que a su parecer “usar acusaciones atroces para perseguir conductas violentas durante la protesta supone una grave amenaza para la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Según el panel de expertos de la ONU, esta solicitud se basa en información recibida que apunta a 228 personas que participaron en las protestas del 2021 y que fueron acusadas de delitos graves, entre ellos terrorismo y conspiración para delinquir, por los que algunas personas se enfrentan a más de 22 años de prisión.
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Adicionalmente, Más de 180 manifestantes permanecen en prisión o bajo arresto domiciliario, a pesar de las disposiciones legales que permiten la puesta en libertad de las personas detenidas en relación con las protestas para que puedan esperar su juicio en libertad. Entre los detenidos hay manifestantes pacíficos y jóvenes que presuntamente dañaron bienes públicos y privados y participaron en actos violentos y destructivos.
"Condenamos enérgicamente cualquier tipo de violencia durante las protestas. Aunque reconocemos la responsabilidad del Estado de responder a la violencia, entre otras cosas investigando, previniendo y disuadiendo tales actos, las personas violentas entre manifestantes pacíficos deben ser tratadas con justicia y de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos", afirmaron los expertos.
Además de los procesos judiciales, los expertos expresaron su preocupación por los informes sobre estigmatización y acoso judicial a defensores de los derechos humanos, reporteros y abogados defensores procesados en el contexto de estos procedimientos.
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Aseguraron que las decisiones de procesar, mantener en prisión preventiva, condenar o conceder indemnizaciones por daños y perjuicios a manifestantes deben cumplir los requisitos de necesidad, proporcionalidad y no discriminación establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.
Y agregaron los expertos que “Las penas de prisión por actividades de protesta no violentas y por el ejercicio de derechos humanos, como la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión, son siempre desproporcionadas y, por tanto, incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos”.
Fiscalía y Defensoría ratifican que no hay desaparecidos del paro nacional
En un comunicado conjunto, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía ratificaron que a la fecha no existe ninguna persona que se encuentre desaparecida con ocasión de las jornadas de protesta de 2021.
“A la fecha, no existen en el país mecanismos de búsqueda urgente activos por posibles desapariciones durante las protestas de 2021. Este es un éxito investigativo y además un éxito de articulación, que se tiene que tener con entidades independientes, como la Fiscalía General de la Nación y como la Defensoría del Pueblo”, dijo el fiscal Barbosa.
Esto, según el ente acusador, porque aunque inicialmente se recibieron 627 reportes de personas no localizadas, las investigaciones arrojaron 132 casos duplicados, 195 registros carecían de información y otros detalles que permitieran establecer su veracidad y 300 ciudadanos fueron ubicados.
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“Estos fueron contactados y entrevistados, y aseguraron que no estuvieron en situación de riesgo o peligro inminente”, dijo el fiscal.
Con respecto a Bogotá, la Fiscalía General de la Nación dijo que conoció 53 reportes de personas desaparecidas, de los cuales 28 fueron admitidos y las personas localizadas, 18 registros estaban duplicados y 7 fueron inadmitidos.
Esta información confirma lo dicho por el director de la Policía, general Henry Sanabria y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tras la declaración que hizo el empresario, Sergio Vanegas, en entrevista a la Revista Cambio, sobre contratos en el cementerio de Bogotá.
El empresario durante la entrevista aseguró que entregó 1.500 millones de pesos en efectivo para sobornar a varios funcionarios, para que un consorcio recibiera la concesión para operar el Cementerio Central de Bogotá, el Cementerio de Chapinero, el Cementerio del Sur y el Serafín, ubicado en Ciudad Bolívar.
En este sentido, el general Sanabria anunció acciones legales. “No solamente es fantasiosa, sino atrevida, la posición de esta persona (Sergio Vanegas) frente a señalar siquiera que la Policía Nacional, a través de un oficial de alto grado, participó en una actividad que no es lógica. No se presentó ninguna desaparición forzada”, indicó el general Sanabria.
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El hombre fue visto por las autoridades vendiendo estupefacientes en el barrio Santa Elena de Cali. https://t.co/i0mt4hXbZs
— Q'hubo Cali (@QhuboCali) March 29, 2023
